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Indemnizan a hispana humillada por agentes fronterizos

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La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) indemnizará con 475,000 dólares a una mujer de Nuevo México para cerrar una demanda por supuesta revisión ilegal de sus partes íntimas en profundidad tras ser detenida en un puerto de entrada en El Paso, Texas.

La demanda interpuesta hace varios años por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y Nuevo México y a la que Efe tuvo acceso, detalla cómo una ciudadana estadounidense de origen latino sufrió la más severa violación a su intimidad por parte de agentes federales, luego de que supuestamente los perros entrenados para detectar droga los alertaran de alguna irregularidad.

La demanda depositada en la corte del Distrito Oeste de Texas, división El Paso, relata cómo la afectada, de 54 años, fue sometida a revisión de su vagina y ano en busca de droga y cómo luego los agentes le bajaron los pantalones y se los pegaron a sus piernas con cinta adhesiva, además de haberle dado un purgante para que arrojara la supuesta droga.

“Trasladaron un baño portátil hasta el cuarto donde estaba. Los oficiales permanecieron con ella todo ese tiempo vigilando a que el purgante hiciera efecto”, agrega el documento fechado el 18 de diciembre de 2013.

No conformes con el resultado negativo de la revisión, los agentes la llevaron esposada al hospital University Medical Center de El Paso, para practicarle unos rayos X y otros exámenes nuevamente sin orden de cateo.

“La revisaron en sus partes íntimas de una manera muy agresiva, esculcaron hasta donde pudieron, la dejaron en un estado de indefensión, la sometieron a exámenes muy humillantes, y como se negó a firmar el consentimiento le mandaron un cobro de más de 5,000 dólares por las revisiones en el hospital”, dijo a Efe Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional de Derechos en la Frontera de ACLU Nuevo México.

Gaubeca explicó que los agentes federales y el personal del centro médico cometieron una clara violación a los derechos humanos y a la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de detenciones arbitrarias.

Por eso, tanto ACLU de Nuevo México como el de Texas unieron esfuerzos en esta demanda que incluye tanto a la CBP como al hospital University Medical Center, que ya pagó 1.1 millones de dólares por los daños a la ciudadana estadounidense.

Según la directora del centro, después de esta experiencia su cliente se siente atemorizada, avergonzada y afectada psicológicamente.

“Nosotros vemos muchos casos de violaciones pero esto es algo que sienta un precedente, pues el abuso fue bastante grande”, aseguró.

Por otra parte, el resultado de la demanda que emprendieron ambas oficinas de ACLU en contra del CBP, el Gobierno federal y el Centro Médico University de El Paso, no solo trajo la compensación económica, según comentó a Efe Gaubeca.

También la CBP asumió la responsabilidad de entrenar mejor a sus agentes y además hemos enviado una carta a 110 hospitales a lo largo de la frontera sur desde Houston hasta San Diego para que requieran una orden de cateo antes de someter a una persona a este tipo de revisiones, agregó la funcionaria.

“Esto sienta un precedente para la dignidad de las personas que como en este caso fueron asaltadas en su dignidad solo por la palabra de los oficiales sin ningún documento que avalara la petición de esas revisiones tan humillantes”, concluyó.

ACLU cuenta con unos 500,000 miembros en todo el país, unos 200 abogados de plantilla así como otros 2,000 litigantes voluntarios para la defensa de las libertades civiles.

Sus servicios pueden solicitarse a través de su página de internet (aclu.org) y los casos se trabajan de manera anónima sin importar el estado migratorio de los solicitantes.

 

 

Agencia EFE

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